Por Juan Santiago Ylarri. Administración & Derecho, Revista de doctrina y jurisprudencia, N° 3, agosto 2012, ps. 145-169.
«A la luz de lo expuesto cabe afirmar que las universidades nacionales,como lo expone la Constitución Nacional, son autónomas y autárquicas. Si bienpuede entenderse que sea redundante, creemos que la expresión “autonomía y
autarquía”, pone de resalto que las universidades nacionales son autónomas en lo que respecta a la libertad académica y de cátedra, pero siguen siendo entes descentralizados integrantes del Sector Público Nacional, con autarquía económico-financiera. De esta forma, las universidades nacionales no dejan de estar engarzadas
en el ordenamiento jurídico general y estatal, sin perjuicio de que, a partir de la reforma de la Constitución
del año 1994, tienen una particular ubicación dentro delesquema constitucional.
Sin embargo, no hay que entender la autonomía universitaria como unpoder en el sentido institucional, equiparándola a la situación de las provincias. La autonomía de las universidades nacionales no significa soberanía, sino independenciadel Poder Ejecutivo, para que no influya sobre ellas en la libertad académica y de cátedra,
y también deredactar por sí mismas sus estatutos, determinando el modo en que se gobernarán, designarán sus autoridades, su claustro docente y su personal administrativo.
Por otro lado, así como la autonomía tiende a independizar a las universidades del Poder Ejecutivo, no es así respecto de la potestad regulatoria del Poder Legislativo, quien tiene la responsabilidad de dictar los planes de instrucción general y universitaria.
Asimismo, es dable remarcar el rol que juega el Poder Judicial luego de la reforma, en el sentido que la autonomía universitaria implica, por un lado, la imposibilidad de que contra las resoluciones definitivas de las universidades
nacionales, puedan interponerse recursos ante el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Educación, sino que sólo puede interponerse recurso directo ante la Cámara Federal.
Por otro lado, implica la obligación del Ministerio de Educación de plantear sus observaciones a los estatutos de una universidad ante la Cámara Federal deApelaciones, en caso de que considere que los mismos no se ajustan a la ley.
Por último, remarcamos que el entero dominio de la autonomía de las universidades es condición esencial para su funcionamiento y la realización de susfines, “y esto para que la Nación cuente con universidades dignas de ese nombre, al servicio del desarrollo, en justicia y libertad, de la república democrática”.
Derecho Constitucional 